Martha Martinez trabajó como empleada temporal de empaque en el almacén de Rancho Gordo en Napa desde finales de 2019 hasta 2020. Alegó que la empresa la discriminó por su sexo, su embarazo y su origen nacional, y que su despido no se debió a las «necesidades de temporada» que la empresa citó.

Tras cuatro días de deliberación — incluyendo la ruptura de un empate inicial — el jurado falló a su favor en los reclamos más importantes: que su embarazo fue un factor en el despido, que el despido le causó un daño real, y que la empresa tomó represalias al negarle trabajo futuro después de que ella se quejó.

Ana María Chávez Jiménez comenzó a trabajar como empleada de limpieza en Chappellet — una destacada finca familiar en Pritchard Hill con vista al lago Hennessey — en julio de 1995. Durante casi tres décadas recibió evaluaciones de desempeño consistentemente positivas mientras limpiaba instalaciones de la bodega, oficinas, salas de cata y residencias privadas.

A principios de 2024 informó a su supervisora sobre entumecimiento en la mano y otras limitaciones físicas, y presentó un informe de compensación laboral en febrero de 2024 que documentaba lesiones en el cuello, la cabeza, la espalda y el hombro, brazo, muñeca y mano izquierdos. Según la demanda, su supervisora le dijo que trabajara más despacio pero no tomó ninguna medida para modificar sus tareas.

En agosto de 2024 le diagnosticaron tendinitis en el hombro izquierdo y su médico le impuso restricciones durante tres meses — específicamente, evitar la rotación del hombro izquierdo y levantar objetos. Entregó esa documentación a recursos humanos. La demanda alega que la bodega no participó en un proceso interactivo, y que se le negó repetidamente un intérprete de español durante reuniones laborales críticas.

Cuando un caso de salarios y horas se resuelve y no es posible localizar a todos los trabajadores afectados para entregarles su parte, los fondos restantes se destinan a una organización que sirve a la misma comunidad — un mecanismo llamado cy-près. En este caso de trabajadores del campo, Liberation Law Group designó a La Raza Centro Legal, garantizando que los fondos recuperados siguieran apoyando a trabajadores de bajos ingresos e inmigrantes en San Francisco.

Los fondos apoyan el Programa de Derechos de Trabajadores de La Raza Centro Legal, que ha pasado décadas protegiendo a trabajadores de bajos salarios e inmigrantes en la ciudad.